Elogian decisión contra ordenanza antiinmigrante en Pensilvania

 Defensores de los inmigrantes elogiaron hoy la decisión de una corte de apelaciones de bloquear una ordenanza en la localidad de Hazleton, Pensilvania, que penalizaba el alquiler de vivienda a los indocumentados.

“Conseguimos otra gran victoria por los derechos de los latinos y los inmigrantes”, indicó en un correo electrónico César Perales, presidente de la organización Latino Justice del Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación (PRLDEF).

Señaló que “esta victoria legal envía un firme mensaje a las localidades en todo el país: aléjense de la aplicación de la ley de inmigración” que corresponde al gobierno federal, anotó.

Perales sostuvo que la decisión judicial tiene grandes implicaciones en la protección de latinos frente a “fuerzas antiinmigración” como la ley SB 1070 aprobada en Arizona, la cual criminaliza a los indocumentados.

Los latinos que presentaron la demanda “sabían que esta ley buscaba sacarlos de Hazleton”, subrayó Perales, quien indicó que “la corte reconoció claramente ese peligro”.

En su extenso fallo de 167 páginas, el juez Theodore McKee, jefe del panel de la Corte de Apelaciones para el Tercer Distrito, con sede en Filadelfia, determinó que la ordenanza interfiere en facultades que son competencia exclusiva del gobierno federal.

Tras la aprobación de la ordenanza en Hazleton en 2007, la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), Latino Justice-PRLDEF y otras organizaciones presentaron una demanda contra la ciudad buscando que la ordenanza fuera eliminada.

El director de Asuntos Legales de la ACLU en Pensilvania, Vic Walczak, afirmó que la ley discriminatoria de Hazleton afectó a una comunidad “llena de vida y comercio”.

“Las leyes divisivas como esa destruyen las comunidades y distraen de los problemas reales que enfrentan los gobiernos locales en el país” y crean actitudes discriminatorias que antes no existían, enfatizó.

“Este es una gran derrota para la mal guiada, divisiva y amplia estrategia antiinmigrante que Hazleton trató de exportar al resto del país”, dijo por su parte el abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes la ACLU, Omar Jadwat.

Señaló que “la Constitución no permite que los estados y las ciudades interfieran con las leyes (federales) de inmigración o adopten medidas que discriminan a las comunidades latinas e inmigrantes”.

La ACLU indicó que varias ciudades como Fremont, en el estado de Nebraska, y Summerville, en el estado de Carolina del Sur, suspendieron o bloquearon ese tipo de ordenanzas tras presión de grupos de defensa legal y oposición a nivel local.

Señaló que durante el juicio, funcionarios de Hazleton culparon a los indocumentados de la bancarrota de la ciudad, cuando informes indicaron que entre 2000 y 2005 los inmigrantes latinos impulsaron la economía local y en ese periodo se redujo el crimen.