Analizan demandas contra ley SB1070

Dos de las principales demandas legales contra la ley antiinmigrante de Arizona comenzaron a ser escuchadas aquí por una juez federal, Susan R. Bolton.

Bolton inició una audiencia en la ciudad de Phoenixpara analizar la demanda interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y varios grupos más de derechos civiles e individuos.

En la demanda se pide a la juez que emita una suspensión temporal y se frene la entrada en vigor de la nueva ley, programada para comenzar a regir a partir del primer minuto del próximo día 29.

Media hora antes del inicio de la audiencia, el salón de la corte estaba lleno con observadores y reporteros autorizados a ingresar bajo fuertes medidas de seguridad, que incluía la prohibición de cámaras y grabadoras.

Unas 150 personas se encontraban en el exterior de la corte, incluyendo un grupo de alrededor de 30 simpatizantes de la controversial ley.

Por la tarde, la juez escuchará los argumentos en la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que también se pide bloquear la entrada en vigor del nuevo estatuto.

Las audiencias de este jueves se suman a la efectuada la semana pasada y atienden a las primeras tres de las siete demandas legales interpuestas contra el estatuto.

La juez Bolton comenzó a analizar la ley el pasado jueves, al escuchar la demanda interpuesta por el agente de policía de Phoenix, David Salgado. En dicha audiencia, la juez no emitió ningún dictamen.

Stephen Montoya, abogado de Salgado, interpuso una moción para consolidar la demanda de su cliente con la del Departamento de Justicia, al sostener que sus argumentos contra la ley son similares y juntar los recursos evitaría duplicación y reduciría costos legales.

La ley de migración de Arizona, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, convierte en delito ser indocumentado y obliga a las policías locales a cuestionar sobre el estatus migratorio a las personas sospechosas de estar en forma ilegal en el país.

Las siete demandas interpuestas contra la ley argumentan que la ley se anticipa a la ley federal al hacer cumplir funciones que no corresponden a los gobiernos locales.

Bolton podría emitir este jueves un dictamen o decidir analizar los argumentos por más tiempo y se desconoce si dictaminará en cada demanda o en un solo fallo abarcará los argumentos expuestos en las tres demandas que habrá escuchado hasta ahora.

Su decisión podría determinar si la ley entra o no en vigor el próximo jueves.

La demanda de la ACLU es la más amplia en contra de la ley antiinmigrante en el número de personas que la interponen y en el número de entidades a las que acusa.

La demanda fue interpuesta por 24 organizaciones e individuos y acusa a funcionarios estatales y de los 15 condados de Arizona.

En tanto, en la querella interpuesta por el Departamento de Justicia, abogados de esa dependencia federal solicitarán a la juez emitir una suspensión temporal de la ley para impedir que entre en vigor.

El senador estatal republicano Russell Pearce, co-autor de la nueva ley, interpuso ante la corte un memorando en oposición a la demanda del Departamento de Justicia, al sostener que la ley no se anticipa a la ley federal sino que la complementa.